25 de marzo de 2020 | Escribe: Óscar López Goldaracena en En Uruguay El derecho a la salud es un derecho humano fundamental que integra el grupo de los llamados derechos económicos, sociales y culturales.1 Mucho podríamos ahondar en todas las normas jurídicas que lo consagran, a nivel internacional, regional y nacional, y en la naturaleza de las obligaciones que implica, pero excedería la finalidad de esta presentación.2 Sin perjuicio, en lo que sería medular para el caso, podemos afirmar que en virtud del derecho humano a la salud de todos los habitantes de Uruguay es una obligación jurídica del Estado adoptar las medidas inmediatas, necesarias y efectivas para prevenir la expansión del coronavirus. Destacamos cuatro aspectos jurídicos relevantes que fundamentan lo afirmado y el alcance de las medidas que deberían ser adoptadas: hay norma jurídica expresa que obliga al Estado a adoptar medidas de prevención inmediatas para evitar que la epidemia se siga extendiendo; esta obligación del Estado es un deber jurídico; las medidas a adoptar deben ser inmediatas y hasta el máximo de los recursos disponibles; deben garantizar que no se afecte el resto de los derechos humanos. *** Centrándonos únicamente en el ámbito regional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica– reconoce en su Preámbulo la necesidad de crear las condiciones para que todas las personas gocen plenamente de los derechos humanos, incluidos los económicos, sociales y culturales, entre los que se ubica el derecho a la salud. Específicamente, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –Protocolo de San Salvador– consagra el derecho a la salud de todas las personas (art. 10 numeral 1). Expresamente dispone que, con el fin de hacer efectivo el derecho humano a la salud, los Estados deben reconocer a la salud como un bien público (art. 10 numeral 2) y adoptar medidas para garantizar este derecho (art. 10 numeral 2). Entre las medidas que deben adoptar, se especifican “la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole (art. 10 numeral 2 literal d)”. Por lo tanto, el Estado está obligado a adoptar medidas de prevención para la expansión del coronavirus.3 *** ¿Cuál es la naturaleza de esta obligación y cuál debe ser el alcance de las medidas? Debemos partir de la base de que la existencia de un derecho implica, siempre, un correlato de deberes, y que respecto de los derechos humanos el principal obligado es el Estado. En consecuencia, la obligación del Estado es una obligación jurídica. Este debe tomar medidas para la contención de la epidemia porque está obligado a hacerlo. Muy especialmente, no debemos olvidar que el derecho a la salud forma parte de los derechos humanos económicos, sociales y culturales y que el cumplimiento de estos derechos exige un deber hacer de los Estados, a diferencia de otro tipo de derechos, como los derechos civiles y políticos, respecto de las cuales, para preservarlos y garantizar su

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El objetivo principal de esta Misión es documentar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los últimos tres meses en Chile, para actualizar y complementar los datos de las misiones anteriores. La misión está conformada por delegados de diversas especializaciones y campos de intervención: diputados de los parlamentos del Quebec y de Canadá, representantes sindicales y de la sociedad civil e investigadores: • Sol Zanetti, diputado del Partido Quebec solidario en la Asamblea Nacional de Quebec • Simon-Pierre Savard-Tremblay, diputado del Partido Bloc Quebequense en el Parlamento de Canadá; • Denise Gagnon, representante sindical de la Federación de trabajadores y trabajadoras de Quebec (FTQ) y presidente de la Fundación Salvador Allende de Quebec; • Luc Allaire, responsable de relaciones internacionales de la Central de sindicatos de Quebec – (CSQ) • Ricardo Peñafiel, representante sindical del Consejo Central de Montreal Metropolitano de la Central Sindical Nacional (CSN) y de la Federación Nacional de Docentes de Quebec • Marie-Christine Doran, investigadora de la Escuela de Estudios Políticos, directora del centro de investigación en criminalización de la protesta social, de la Université d’Ottawa • Isabel Orellana, miembro del directorio del Centro de Investigación en Educación y Formación en Medio Ambiente y Ecociudadanía, especializada en conflictos socioecológicos, de la Université du Québec à Montréal  • Marcos Ancelovici, investigador del departamento de ciencia politica, director de la Cátedra de Investigación de Canadá en sociología de los conflictos sociales, de la Université du Québec à Montréal • Pierre Mouterde, ensayista y filósofo del Colegio preuniversitario Limoilou Esta Misión realizó 65 horas de entrevistas en Santiago, Antofagasta y Valparaíso, entre el 18 y el 26 de enero del presente, con 99 personas de 51 organizaciones, entre las que se cuentan: • Organizaciones de la sociedad civil: de apoyo jurídico, de salud y seguimiento sicológico a víctimas y familiares, organismos de derechos humanos, de comunicación social y difusión, de mujeres, organizaciones ambientales y territoriales, indígenas y populares barriales. • Centrales sindicales: sectoriales y nacionales. • Federaciones estudiantiles: secundarias y universitarias. • Centros universitarios de investigación y defensoría jurídica, de comunicación y periodismo. • Colegios profesionales: periodistas y médicos. • Parlamentarios y personeros de gobierno. • Instituciones estatales especializadas en DDHH: INDH, Alto comisionado ONU en DDHH. • Y víctimas. De este proceso destacamos los resultados preliminares siguientes, que nos parecen particularmente importantes y preocupantes: En primer lugar, señalamos que después de 3 meses del inicio del estallido social y a pesar de las recomendaciones de las misiones internacionales y de las organizaciones sociales nacionales, las violaciones a los derechos humanos y la represión continúan, y se producen en un contexto de intimidación de la población y de criminalización de la protesta social. A pesar de que las cifras del último informe del INDH revelan que las violaciones a los derechos humanos observadas por este organismo, han bajado comparativamente a las que se produjeron durante el estado de emergencia, se advierte que estas violaciones continúan de forma constante y sistemática, concentrándose en espacios y sectores sociales específicos del

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Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos file:///C:/Users/Usuario/Downloads/declaration_sp.pdf

Sobre los defensores de los derechos humanos Se usa la expresión “defensor de los derechos humanos” para describir a la persona que, individualmente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos. Se les conoce sobre todo por lo que hacen, y la mejor forma de explicar lo que son consiste en describir sus actividades (véase la sección A infra) y algunos de los contextos en que actúan (véase la sección B infra) [1]. Los ejemplos que se ofrecen de las actividades de los defensores de derechos humanos no constituyen una lista exhaustiva. file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Sobre%20los%20defensores%20de%20los%20derechos%20humanos%20ONU.pdf

Los Sitios y Espacios para la Memoria abajo firmantes repudiamos enérgicamente la brutal represión y destrozos generados en el “Jardín de la Memoria Patio 29: Pausa de contemplación y reflexión” llevada adelante por Carabineros de Chile el pasado domingo 8 de septiembre en el marco de la romería hacia el Cementerio General de homenaje a las víctimas de la dictadura cívico-militar. Solicitamos al Gobierno de Chile que garantice la búsqueda de los responsables de estos actos, realice una pronta reparación y lleve a cabo las acciones pertinentes para que estos atropellos no se repitan en el futuro. • Comisión Provincial por la Memoria (La Plata, Buenos Aires).- • Comisión por la Memoria Chaco (Chaco).- • Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba (Córdoba).- • Sitio de memoria «Cementerio de General Lavalle» (General Lavalle, Buenos Aires).- • Espacio para la Memoria y Promoción de Derechos ex CCD “El Infierno” (Avellaneda, Buenos Aires).- • Espacio para la Memoria «La Perla» (Córdoba).- • Ex Centro Clandestino de Detención “Monte Peloni” (Olavarría, Buenos Aires).- • Espacio para la Memoria y Promoción de Derechos Humanos “escuelita de Famaillá” (Tucumán).- • Espacio para la memoria “Ex Brigada de Investigaciones de La Flores” (Las Flores, Buenos Aires).- • Sitio de memoria “Casa Mariani- Teruggi” (La Plata, Buenos Aires).- • Espacio para la Memoria Campo de la Ribera (Córdoba).- • Museo de la memoria Rosario (Rosario, Santa Fé) • Sitio para la memoria, defensa y promoción de derechos Humanos ex CCD “Pozo de Quilmes”.- • Espacio para la memoria y los Derechos Humanos Ex D2 Mendoza (Mendoza).- • Espacio para la Memoria y Promoción de Derechos Humanos “Ex CCD Esim” (Mar del Plata, Buenos Aires).- • Espacio para la Memoria y Promoción de Derechos “Ex Olimpo” (CABA).- • Sitio de memoria “Automotores Orletti” (CABA).- • Asociación Anahí (La Plata, Buenos Aires).- • Comisión Familiares y amigos de los desaparecidos y víctimas del terrorismo de Estado de las Flores (Las Flores, Buenos Aires).- • Trabajadores del área Sitios de memoria de la Secretaría de derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires (Buenos Aires).- • Mesa de trabajo del Espacio para la Memoria, defensa y Promoción de los Derechos Humanos “Casa de la memoria Quinta la Pastoril” (Moreno, Buenos Aires).- • Asociación Civil Moreno por la Memoria (Moreno, Buenos Aires).- • Mesa de trabajo “ex CCDTyE Pozo de Banfield” (Lomas de Zamora, Buenos Aires).- • Talleres sobre las memorias del ex BIM 3- FaHCE, UNLP (Ensenada, Buenos Aires).-

A 46 años del Golpe de Estado Cívico Militar, como Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, ex-centro de secuestro, tortura y exterminio de la DINA, testimonio y prueba física de los crímenes de lesa humanidad que es capaz de realizar nuestro propio Estado, queremos expresar nuestro enérgico repudio a la represión ejercida por el Estado de Chile, a través de sus Fuerzas Especiales de carabineros, a la legítima manifestación y Romería al Cementerio General, por parte de familiares, organizaciones, hombres, mujeres, ancianos, ancianas, adolescentes, niños y niñas. Todos y todas, personas ejerciendo su derecho a la Memoria. A través de nuestra Comisión de Observadores de Derechos Humanos, fuimos testigos directos de la brutal represión ejercida por Agentes del Estado durante todo el desarrollo de la marcha camino al cementerio. En el cementerio observamos como Fuerzas Especiales hizo ingreso al mismo con todo su armamento, llegando incluso al Patio 29, lugar que fue usado durante la dictadura cívico militar para sepultar clandestinamente a ejecutados políticos; el cual fue declarado Monumento Histórico en 2006. En este lugar, FFEE procede a lanzar de manera indiscriminada y criminal gases químicos, como gas pimienta y lacrimógeno. No contentos con esto proceden a detener a quienes se encontraban al interior del Patio 29 recordando a los y las asesinadas, arrastrándoles por encima de las tumbas. También apalean a quien se les cruza en su camino, al punto de golpear a una joven que intentó protegerse tomándose del brazo de uno de nuestros compañeros observadores. Repudiamos también el ultraje ejercido por estos Agentes del Estado al Sitio de Memoria y a la Memoria de las Víctimas del Terrorismo de Estado, mostrando el desprecio que tienen por las mismas. Nosotros y nosotras no nos quedaremos en silencio ante la brutalidad que se repite una y otra vez por parte de la fuerza policial, a pesar de las promesas de que Nunca Más íbamos a vivir el horror de los tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del Estado de Chile. Como Sitio de Memoria, exigimos que se investiguen los hechos denunciados y que se castigue a los responsables. A 46 años del golpe, seguimos exigiendo Verdad, Justicia y Fin a la Impunidad. Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas

El Colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes y la Coordinadora Feminista 8M declaramos lo siguiente ante la venta del ex centro de tortura Venda Sexy a la Sociedad de Inversiones Arriagui Limitada:Venda sexy fue un centro de secuestro, desaparición, tortura y violencia política sexual durante la dictadura civil y militar. Esta práctica de terrorismo de Estado se expresó de manera diferenciada y desigual sobre los cuerpos y sexualidades de las mujeres detenidas. La violencia política sexual ha quedado en la más absoluta impunidad desde el Estado chileno y el aparato judicial, mientras hemos visto que su práctica, sigue vigente en las detenciones actuales a las mujeres que luchan. Venda Sexy es el nombre que recibe una casa ubicada en la comuna de Macul, que operó de manera activa entre julio de 1974 y febrero de 1975 para posteriormente seguir funcionando de manera intermitente hasta 1981. Fue un centro que estuvo bajo el mando de la DINA y por el que pasaron cerca de 81 personas, un tercio de estas fueron mujeres y 27 personas son detenidas y detenidos desaparecidos. El 11 de mayo de 2016 el sitio de memoria fue declarado Monumento Histórico, con énfasis en género por la especificidad de la tortura que se aplicó a las mujeres tras una larga lucha por su recuperación desde el feminismo. Sin embargo, la recuperación de todos los sitios de memoria ha sido siempre el resultado de la lucha continua de grupos que se organizan, nunca ha sido una iniciativa del Estado. Hoy nos hemos enterado de que Venda Sexy se vendió a una sociedad de inversiones inmobiliarias en circunstancias que, de acuerdo a la Ley de Monumentos Nacionales esta prohibida su modificación u alteración. Es verdaderamente espeluznante que un sitio de memoria pueda ser transado en el mercado sin que ninguna instancia del Estado, particularmente el responsable por ley de preservar y fiscalizar el patrimonio, se haya enterado. Estamos en presencia de una transacción que evidencia la complicidad de políticas de impunidad y especulación financiera. En 2016 el precio al que se ofreció esta casa al Estado fue más del doble del valor al que se ha vendido a esta sociedad inmobiliaria ¿Qué nos dice esto de la prioridad que por Ley tiene que tener el Estado para la compra de monumentos nacionales? Ya vimos lo que sucedió con la Villa San Luis demolida gracias a la presión inmobiliaria a pesar de su reconocimiento como monumento histórico, a pesar de su relevancia para la historia del país. Hoy los sitios de tortura son una nueva arista del mercado neoliberal. ¿Quién compra un centro de tortura? Las inmobiliarias.Lo que hoy sucede con Venda Sexy es síntoma de una falta de políticas patrimoniales donde abunda la desmemoria de parte de todos los gobiernos civiles desde el fin de la dictadura. Nos enfrentamos a un contexto de escalada de la criminalización y la represión de las luchas sociales, de impunidad, de pactos de silencios y negacionismo histórico. La falta de justicia y reparación es

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A continuación publicamos balance e informes financieros de Casa Memoria, correspondientes al primer semestre del 2019. Con ello cumplimos con lo estipulado en el convenio firmado con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Casa Memoria José Domingo Cañas, hace llamado a voluntarios y voluntarias, que quieran ayudar a construir el Centro de Documentación Casa Memoria. Orientado a estudiantes de las ciencias sociales, humanidades y bibliotecología de pregrado y posgrado, que estén interesados en adquirir experiencia en temáticas relacionadas con la archivística y Derechos Humanos. ¿En qué consiste el voluntariado? Participar en un proceso de inducción y formación continua durante todo el período de duración del voluntariado. Capacitarse en técnicas de  conservación preventiva. Realizar tareas de conservación preventiva, revisión y descripción de las series documentales y registro bibliográfico. Participar y apoyar las actividades propias de Casa Memoria Duración de cinco meses (agosto-diciembre) con una jornada laboral de 5 horas semanales Requisitos para postular Compromiso y respeto con los Derechos Humanos Enviar currículum vitae a: graciela.acuna@josedomingocanas.org Responsabilidad con la jornada laboral Cierre de postulaciones viernes 26 de julio del 2019 Cierre de postulaciones viernes 26 de julio del 2019

Ayer 26 de junio en Casa Memoria, dimos inicio a la campaña “Hoy, Igual que Ayer, En Chile se Tortura”. Esta campaña tendrá una duración de seis meses, que culminará el 10 diciembre Día Internacional de los Derechos Humanos. La presente campaña da cuenta que LA TORTURA ES UN HECHO DEL PRESENTE. Y tiene por objetivo, aportar en la definición e identificación de esta costumbre, para que podamos exigir al Estado de Chile, que esta práctica se elimine, y no aceptar como natural ningún procedimiento que acuda a cualquier tipo de maltrato o que “se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia” (Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (ONU) Los y las invitamos a difundir y proponer ideas de acciones a realizar con el fin de sensibilizar y visibilizar el fenómeno de la tortura, y podamos avanzar en su prohibición absoluta.