Desde Casa Memoria José Domingo Cañas, Sitio de Memoria y ex centro de secuestro, tortura y exterminio en dictadura, y desde nuestra Comisión de Observadoras y Observadores de Derechos Humanos, que realizó labores de monitoreo durante el estallido social iniciado en octubre de 2019, expresamos nuestra profunda preocupación, indignación y rechazo frente al fallo dictado el día de hoy en el caso de Gustavo Gatica Villarroel.
Como Sitio de Memoria, nuestra existencia se funda en el deber de recordar las violaciones a los derechos humanos del pasado para impedir su repetición en el presente. Como Comisión de Observadores/as, fuimos testigos directos de las graves y sistemáticas vulneraciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, particularmente por Carabineros de Chile, en el contexto del control de la protesta social. Nuestro trabajo de observación, registro y acompañamiento permitió documentar el uso excesivo de la fuerza, la desproporción en los procedimientos policiales y la persistente ausencia de rendición de cuentas.
Hoy, el tribunal ha determinado de manera inequívoca que el disparo que dejó ciego a Gustavo Gatica fue perpetrado por el entonces funcionario de Carabineros Claudio Crespo. Sin embargo, pese a esta determinación categórica de los hechos, el tribunal resuelve absolver al responsable, amparando su actuar en una interpretación que justifica la violencia policial en contextos de protesta social, consolidando un grave escenario de impunidad.
Este fallo no es un hecho aislado. Se inscribe en una campaña mediática, editorial e ideológica sostenida en el tiempo, orientada a criminalizar la protesta social, invisibilizar las demandas sociales, legitimar el uso excesivo de la fuerza como respuesta estatal en estos contextos, y normalizar la impunidad de Carabineros de Chile. La edición y difusión de libros, columnas y productos comunicacionales que buscan blanquear la responsabilidad de Claudio Crespo y de Sebastián Zamora (hoy diputado electo), forman parte de una estrategia deliberada de lavado de imagen institucional, que omite de manera consciente la obligación ineludible de rendición de cuentas que tienen las instituciones del Estado cuando sus agentes violan derechos humanos.
Denunciamos que esta ofensiva discursiva ha contribuido a instalar en la sociedad chilena una peligrosa normalización de la excepción, de la violencia estatal y de la idea de que los agentes del Estado pueden actuar sin consecuencias penales. Este escenario se ve reforzado por marcos normativos como la denominada Ley Naín-Retamal, que amplía de manera alarmante las presunciones de justificación del actuar policial y debilita los estándares de responsabilidad exigidos por el derecho internacional de los derechos humanos, favoreciendo la impunidad frente a hechos de extrema gravedad, cuestión que venimos denunciando desde la promulgación de la Ley en 2023.
Desde una perspectiva de derechos humanos y memoria histórica, reafirmamos que la impunidad es incompatible con la democracia. El Estado de Chile tiene la obligación de garantizar verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición cuando las violaciones han sido cometidas por sus propios agentes. La absolución en el caso de Gustavo Gatica no solo vulnera sus derechos como víctima, sino que envía un mensaje devastador a la sociedad: dejar ciego a un joven estudiante en el ejercicio de su derecho a la protesta puede quedar sin sanción.
Expresamos nuestra solidaridad irrestricta con Gustavo Gatica, con su familia y con todas las víctimas de la violencia estatal durante el estallido social. Reiteramos nuestro compromiso con una reparación integral que no se limite a medidas simbólicas, sino que incluya el reconocimiento del daño causado, la sanción efectiva de los responsables, reformas estructurales a las fuerzas policiales y garantías reales de no repetición.
Hoy, una vez más, constatamos que el Poder Judicial no ha estado a la altura de los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, consolidando un patrón de impunidad respecto de los agentes del Estado que han cometido violaciones graves.
Desde Casa Memoria José Domingo Cañas, levantamos nuestra voz para afirmar con fuerza que la memoria no se absuelve, la justicia no se relativiza y los derechos humanos no se negocian. Seguiremos observando, denunciando y exigiendo verdad, justicia y reparación, porque sin ellas no hay democracia posible ni futuro digno para nuestro país.
Santiago de Chile, 13 de enero 2026.