La Fundación 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas, ex centro de secuestro, tortura y exterminio de la dictadura cívico – militar, manifiesta su más profunda preocupación frente a la situación que viven los Presos Políticos Mapuche en Wallmapu. Sobre todo, desde que el lunes 24 de agosto los comuneros recluidos en la cárcel de Angol decidieran comenzar huelga de carácter seca, lo mismo que los Presos Políticos Mapuche recluidos en Lebu a partir del día 25 del presente mes.

La gravedad de la situación es que la condición de los comuneros ya era compleja, puesto que, hasta el pasado lunes 24 de agosto mantenían 113 días de huelga de hambre, registrándose durante ese período casos de traslados a servicios de urgencia por su delicado estado de salud, como fue lo que ocurrió el 15 de julio pasado con el machi Celestino Córdoba cuando ingresa al hospital de Angol por el claro detrimento de su salud después de sostener extensas jornadas en huelga de hambre.

A lo anterior, hay que añadir el reciente caso del comunero Víctor Llanquileo, recluido en la cárcel de Angol y que el día martes 25 de agosto tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de esa ciudad por un cuadro de descompensación. Además, desde el último fin de semana hasta el día de hoy, también han presentado descompensaciones Esteban Huichacura, Guillermo Camus y Tomás Antihuen de la cárcel de Lebu. 

La radicalidad de esta medida, la huelga seca, está motivada por la nula voluntad del gobierno de dar pronta solución a sus demandas. El jefe de la cartera de Justicia y DDHH, Hernán Larraín, se comprometió con los comuneros encarcelados a entregar una respuesta a sus requerimientos. Sin embargo, el pasado viernes 21 de agosto se vencía el plazo fijado para aquello, y hasta el día de hoy, el gobierno no se ha pronunciado al respecto, incumpliendo el compromiso adquirido con los presos políticos Mapuche, por el propio Ministro de Justicia y DDHH.

Consideramos que la relación entre el Estado de Chile y el Pueblo Nación Mapuche se ha caracterizado históricamente por la invisibilización y criminalización de sus reivindicaciones, que no son reconocidos como derechos políticos, desde las autoridades nacionales y regionales. El Estado no ha hecho, ni hace, un reconocimiento efectivo de las personas mapuche como sujetos(as) de derecho, todo lo contrario, cuando el Pueblo Mapuche exige sus legítimos derechos políticos y de participación, el Estado los persigue, reprime, tortura, encarcela y en muchos casos asesina.

Constatamos que la situación actual en el Wallmapu es muy compleja. En un informe elaborado por esta Comisión de Observadoras(es) de DDHH, se pudieron recabar antecedentes suficientes como para afirmar que en la zona hay una violación de derechos del Pueblo Mapuche de forma sistemática y generalizada por parte del Estado de Chile. A modo de ejemplo: entre los días 27 de julio y 6 de agosto, se pudieron constatar múltiples situaciones de violencia y represión por parte de la policía militarizada (Carabineros de Chile) en la zona: golpes de pies y puños, golpes con bastones de servicio, desalojos de recintos públicos y arrestos violentos que incluso afectaron a la machi Miriam Marillán, autoridad ancestral del Pueblo Mapuche y al jesuita Carlos Bresciani. Pero lo que es más grave, fue la brutal violencia ejercida contra grupos de especial protección como mujeres, niñas, niños y adolescentes que también se produjeron en la zona.

También se constataron acciones violentas con claros signos de racismo desde civiles hacia personas Mapuche. Situaciones que se caracterizaron por la desidia de Carabineros de Chile al no evitar que éstas se produjeran ni prestar auxilio a las víctimas.

En la madrugada del 31 de agosto, Gendarmería traslada a los Presos Políticos Mapuche en huelga de hambre seca de la cárcel de Lebu, siendo objeto de golpes y vejámenes de parte de Gendarmes, trasladándolos a las 3 de la madrugada sólo con ropa interior, sin calzado y sin ninguna medida sanitaria acorde. Este traslado se produce desde la cárcel de Lebu al hospital de Los Ángeles, a 219 km de distancia, habiendo un hospital en la propia localidad de Lebu. A su vez, Carabineros desalojó violentamente a familiares que se encontraban en un campamento provisorio en las afueras de la cárcel de Lebu, quienes se habían instalado allí como medida de protección y resguardo de sus familiares en huelga de hambre al interior de dicho recinto carcelario.

Frente a este panorama es que interpelamos al Estado de Chile a que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de DDHH. El Estado de Chile debe respetar los instrumentos Internacionales comprometidos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio 169 de la OIT, en donde se llama a que los Estados deben garantizar derechos como a la vida, a la salud, a la participación política, a reconocer la cultura de los pueblos originarios, a no sufrir discriminación, a la autodeterminación, derecho a que, en caso de recibir sanciones penales, estas deben ser distintas al encarcelamiento, entre otros.

Por lo ya señalado, es que exigimos al Estado chileno que cumpla su rol de principal garante de los Derechos Humanos e intervenga de forma urgente en dar pronta y favorable respuesta a la delicada situación en que se encuentran los Prisioneros Políticos Mapuche y a las demandas del Pueblo Nación Mapuche en el Wallmapu.

Santiago de Chile, 31 de agosto 2020.

Fundación 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas

Comisión de Observadoras(es) de Derechos Humanos

Casa Memoria José Domingo Cañas. 

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