La Fundación 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas, ex-centro de secuestro, tortura y exterminio de la dictadura cívico militar, ante la violencia racista ejercida contra personas Mapuche en la Región de La Araucanía, en las localidades de Curacautín, Traiguén, Ercilla y Victoria, la noche del 1 y madrugada del 2 de agosto del presente año 2020, manifestamos lo siguiente: Condenamos los episodios de violencia por parte de grupos organizados a quienes se les permitió e incentivó a ejercer autotutela para atacar a comuneros y comuneras Mapuche, quienes se encontraban en tomas pacíficas de municipios de la zona, exigiendo al Estado de Chile el respeto por el Convenio 169 de la OIT y la resolución de las demandas de los Presos Políticos Mapuche, quienes se encuentran en huelga de hambre hace 90 días. Rechazamos la permanente violencia que afecta la Región de la Araucanía. La militarización de la zona no contribuye a establecer caminos de entendimiento, sino que acentúa la criminalización y persecución hacia el pueblo Mapuche. Nuestras experiencias y vivencias en terreno, acompañando a diversas comunidades de Tirúa, Cañete, Collipulli nos dicen que el atropello y violación sistemática de los Derechos Humanos de las y los habitantes del Wallmapu, es cada vez mayor y peor. Y, creemos, que será aún mayor en el futuro inmediato, teniendo presente el contexto actual, en el que se permite a civiles actuar en completa impunidad y, de acuerdo con los hechos ocurridos en las últimas horas, con la aquiescencia del Estado. El Estado de Chile tiene la responsabilidad y la obligación de defender y promover los Derechos Humanos, así como todos sus agentes, en sus tres poderes, tienen también la obligación de respetar y proteger estos derechos. Toda vez que diversas instancias internacionales de DDHH se han pronunciado respecto a la represión al pueblo Mapuche y que el Estado de Chile ha reconocido. La violencia amparada e instigada por el Estado en el Wallmapu debe ser investigada por la justicia y el parlamento debe interpelar al Ministro del Interior, Víctor Pérez, para que dé cuenta de lo sucedido y de sus declaraciones. Además, instamos a la creación de una Comisión Especial Investigadora en el Congreso para aclarar responsabilidades políticas. Las acciones del Estado se deben apegar al Convenio 169 de la OIT que salvaguarda derechos indígenas, como la Declaración de la ONU sobre la materia y la Convención Internacional Contra Toda Forma De Discriminación Racial, todas aceptadas por Chile.
Llamamos a todas las organizaciones de la sociedad civil y de Derechos Humanos, nacionales e internacionales y a la población en general, a solidarizar activamente con los presos políticos Mapuche en Huelga de Hambre, con las comunidades a quienes se les han violado sus derechos y en apoyo a las demandas históricas de las comunidades del Wallmapu. Santiago de Chile, 2 de agosto 2020 Fundación 1367, Casa Memoria José Domingo Cañas Comisión de Observadores de Derechos Humanos Casa Memoria José Domingo Cañas
