Ante el caso de Bernarda Vera:
NI UN USO POLÍTICO PARA RELATIVIZAR LA DICTADURA
Desde Casa Memoria José Domingo Cañas, espacio de memoria y defensa de los derechos humanos, queremos manifestar nuestra profunda preocupación ante la reciente cobertura mediática sobre Bernarda Vera Contardo, señalada como detenida desaparecida de la dictadura, y la utilización política que pueda estar haciéndose de éste para socavar o relativizar las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1990.
Como lo ha señalado Londres 38 en su declaración “Que la justicia actúe y que hablen los que saben”, conocer un caso desconocido o inesperado no puede servir para negar o relativizar la sistematicidad del terrorismo de Estado. En el mismo sentido, CODEPU ha reafirmado que “un hecho entre las miles de verdades no borra la enorme cifra de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados” y que el Estado tiene la obligación de investigar, verificar, lograr la verdad y realizar la justicia.
Un caso aislado no puede ni justificar ni promover discursos que pretendan relativizar la magnitud ni la continuidad de la represión estatal. Al contrario: desde nuestra organización, insistimos en que ese uso político es una estrategia de negacionismo, identificar excepciones para sembrar dudas, que debe ser desenmascarada.
El caso de Bernarda se inserta en una historia de desapariciones forzadas que no han sido esclarecidas, donde la ausencia de verdad y justicia ha sido parte del pacto de silencio que favoreció la impunidad. Como otras personas, su situación exige una investigación minuciosa, transparente, libre de especulaciones o instrumentalización mediática. No debemos olvidar que Bernarda fue objeto de persecución y acoso represivo en los días posteriores al golpe civil militar en la localidad sureña donde residía y trabajaba como profesora rural, siendo militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
No desconocemos que pueda existir la posibilidad de que una persona haya sobrevivido, o que se revele información que modifique parte del relato. Debe tenerse en cuenta el contexto en el que fue obtenida la información que los familiares lograron recabar, caracterizado por acciones represivas indiscriminadas, uso ilimitado de la fuerza y un absoluto desamparo de las víctimas. Dichos escenarios no hacen más que reforzar la necesidad de que actúen los tribunales, que se desclasifiquen los archivos de las FFAA, que comparezcan ante los tribunales quienes conocen los hechos y que las familias sean escuchadas con respeto. Mientras los desaparecedores y sus cómplices sigan en silencio, el negacionismo, la relativización de los crímenes y la normalización de la violencia del Estado en el presente seguirá instalada en nuestro país
Rechazamos que se pretenda instrumentalizar el caso para alimentar discursos de relativización o negacionismo. Estos discursos operan como tácticas para debilitar las demandas de verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición.
Como institución hacemos un llamado a no aceptar que una revelación, sea genuina o especulativa, se transforme en una coartada para la impunidad. Las voces que pretenden desviar la atención hacia “la excepción” atacan el trabajo colectivo del movimiento de memoria, las familias y las organizaciones de derechos humanos que han exigido por años verdad y justicia.
Desde Casa Memoria reafirmamos que lo que está en juego no es solo este caso puntual, sino el principio de que ningún caso puede servir para deslegitimar ni relativizar la magnitud de la violencia estatal.
Por ello exigimos públicamente:
- Que se proteja a la familia de Bernarda, en especial a su hija, quien está siendo objeto de acoso público y criminalización.
- Que las instituciones pertinentes (fiscales, jueces, servicios de justicia y derechos humanos) actúen con diligencia máxima en el caso de Bernarda Vera: apertura de causas, revisión de antecedentes, citación de testigos, análisis forense y todo mecanismo necesario para esclarecer los hechos. y ejercer justicia.
- Que las familias, las organizaciones de memoria, los sitios de memoria y la ciudadanía sean parte activa del seguimiento de la investigación, con acceso a la información, protección y participación informada.
- Que no se permita la manipulación mediática sensacionalista, la especulación o los discursos de distracción que intenten situar el foco en dudas sin fundamento respecto de las víctimas, en lugar de enfocarse en los responsables.
- Que este caso fortalezca, y no debilite, la exigencia de que el Estado avance de forma urgente y consistente en la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia, consagrando como política pública el derecho de las víctimas y sus familiares a saber lo ocurrido.
- Que se mantenga y fortalezca el compromiso institucional y público con la memoria democrática, con la señalización y cuidado de los sitios de memoria, con la enseñanza crítica del pasado, y con la cultura del Nunca Más.
Como Sitio de Memoria, dedicado a la preservación de la memoria, responsable de custodiar testimonios y archivos, para divulgar una comprensión profunda del terrorismo de Estado, y para apoyar a las víctimas y sus familias, declaramos:
- Que seguiremos acompañando a quienes buscan verdad y justicia, más allá del caso particular;
- Que denunciamos todo intento de relativización o manipulación que debilite el reconocimiento del sufrimiento histórico; y el principio de no repetición;
- Que mantendremos una actitud vigilante frente a quienes pretendan usar “la excepción” para construir una narrativa de duda generalizada;
- Que reafirmamos nuestra convicción de que la memoria no puede ni debe someterse a intereses partidarios ni políticos del momento, sino formar parte de la ética pública democrática.
Invitamos a la sociedad a observar con atención este caso, y a exigir de las instituciones que actúen con el rigor histórico y jurídico que corresponde, sin dejar que nada enturbie el principio de: toda la verdad, toda la justicia.
Casa Memoria José Domingo Cañas
30 de septiembre 2025